infoinfusion 24 octubre, 2017 | Hace 7 años
Desde el año 2000 a lo largo y ancho del país no hemos dejado de tener lamentables noticias sobre periodistas asesinados o agredidos. Lo peor de todo, es que la impunidad ha estado muy por encima en la mayoría de los casos, mientras que condenas, denuncias, reclamos y exigencias por parte del gremio hacia nuestros gobernantes, en demanda de garantías de seguridad para ejercer nuestra profesión, se quedan en el aire, mientras familiares de los compañeros caídos impotentemente se mantienen a la espera de justicia.
La lista es larga y las investigaciones en la Procuraduría General de la República no avanzan. En lo que va del 2017 ya son 11 los reporteros asesinados en este país. En la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en más de seis años de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016, se registraron 798 denuncias por agresiones contra periodistas.
En el ámbito local, en las procuradurías o fiscalías la situación no es diferente. Aunado a ello pocos son los Estados que cuentan con leyes efectivas de protección a periodistas, algunas como la existente en nuestro Estado, son simplemente de coordinación y no garantizan nada para los trabajadores de los medios de comunicación.
Algunas semanas atrás, en Tlahualilo, municipio enclavado en la Comarca Lagunera de Durango, compañeros han sido acosados; han recibido amenazas directas e indirectas por parte del alcalde Sergio Nevárez Nava, inconforme por algunas publicaciones en las que se informa y opina sobre anomalías dentro de su administración, que tienen que ver con la transparencia y rendición de cuentas. Pero el edil lagunero no solamente está agrediendo a periodistas, sino también a ciudadanos que han solicitado información haciendo uso de los mecanismos legales de acceso.
Y es que Sergio Nevárez ha evidenciado su intransigencia e ignorancia, desde el momento en que un ciudadano de su municipio solicitó información tan básica como la nómina municipal, además de los costos de algunos eventos organizados por el ayuntamiento de Tlahualilo, así como pagos por concepto de contratación de artistas, renta de escenarios, de equipos de luz y sonido, para ambientar estas verbenas.
No menos preocupante ha sido el caso de nuestro compañero Luis Pineda, quien se desempeña como reportero de conocido diario en la localidad. A inicios de semana, el colega fue víctima de agresiones y amenazas por parte de elementos de la Policía Investigadora de Delitos, corporación adscrita a la Fiscalía General del Estado de Durango. Los detalles, han quedado registrados en la respectiva denuncia y han sido dados a conocer a la sociedad a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Es importante destacar que la autoridad desde el primer momento en que fue reportada la agresión, mostró disposición comprometiéndose cuando menos de palabra a garantizar y responsabilizarse por la seguridad de nuestro compañero. Sin embargo, al día siguiente, en su declaración la vice Fiscal Ruth Medina Alemán, únicamente reconoció agresiones verbales y poca capacitación de los elementos de la PID, cuando hubo directas amenazas en contra del reportero y su familia.
Desde este medio de comunicación y de todos en los que se nos brinde la oportunidad, exigimos que la investigación se lleve a cabo con toda claridad y celeridad, además de que se proceda en contra de quienes indiscutiblemente abusaron de su autoridad para intimidar a este informador. Por otra parte, responsabilizamos a ese cuerpo policiaco de lo que pudiera ocurrir a nuestro compañero y su familia en el transcurso y después de concluida la investigación.
Es innegable que actos como éste cercenan nuestra actividad informativa; dilapidan nuestro instinto propenso a llevar la noticia a la sociedad; violentan la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a estar informados. Obviamente, también pisotean los derechos humanos de cualquier ciudadano, sea o no periodista.
EN LA BALANZA.- El caso de Luis Pineda no solamente alertó al gremio periodístico, sino también a un buen número de ciudadanos que en redes sociales manifestaron su apoyo, pero demandaron justicia igualmente para todos, ya que exhibieron algunos casos en que las policías actúan de manera prepotente. Más que lamentable, qué preocupante es que la sociedad tenga temor de las corporaciones, cuando se supone deberíamos tener confianza en ellas. Ni protectoras, ni garantes de nuestra seguridad.
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@Vic_Montenegro