infoinfusion 21 febrero, 2019 | Hace 5 años

Estafan en Sedatu con firmas falsas ????????

La falsificación de firmas de cinco funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) habrían permitido desviar en 2016 unos 600 millones de pesos en convenios con universidades, como parte de la “Estafa maestra”.

Las firmas falsificadas corresponden a José Antolino Orozco, titular de la unidad de políticas, planeación y enlace institucional de la Sedatu, en dos convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas por 206 millones de pesos; y a Armando Saldaña, director general de ordenamiento territorial, quien presuntamente firmó en febrero de 2016 un convenio con la Universidad Politécnica de Hidalgo Francisco I Madero por 187 millones de pesos.

De igual forma a Enrique González Tiburcio, subsecretario de ordenamiento territorial, cuya rúbrica falsificada se estampó el 4 de enero de 2016 en un convenio también con la universidad hidalguense por 185.8 millones de pesos.

Otros dos funcionarios con firmas alteradas fueron Juan Manuel López Arroyo, coordinador de asesores del subsecretario de desarrollo urbano y vivienda, en ampliaciones de convenios con una universidad de Comalcalco; y Javier Arrambide, director de operación de programas de delegaciones, en convenios con una universidad de Quintana Roo por montos no especificados.

Los casos de González Tiburcio y de Saldaña fueron consignados judicialmente tras pesquisas de la Procuraduría General de la República (PGR), hoy fiscalía. González Tiburcio había denunciado en julio de 2017 la falsificación de su firma ante el órgano interno de control de la Sedatu y posteriormente lo hizo ante la PGR.

Sin embargo, fue imputado por la procuraduría por falsedad en declaraciones y el 29 de enero el juez Orlando Íñiguez lo procesó por dicho delito.

González Tiburcio ha sostenido con pruebas grafológicas que la rúbrica contenida en un convenio marco no es suya y ha apelado la decisión judicial.

Armando Saldaña, quien también había sido imputado por la PGR, demostró que su firma era apócrifa. Incluso según la auditoría 196 sobre el convenio en cuestión por 185.8 millones de pesos, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y publicada en marzo de 2018, se afirma que Saldaña “manifestó que no reconocía como suyas las firmas que obran en el mismo, que jamás solicitó la prestación de los servicios, que nunca ha tenido contacto ni conoce a persona alguna de la universidad y que no solicitó… el pago de recursos a favor” de la entidad hidalguense.

Grupo Reforma pudo conocer que uno de los centros de operaciones para las falsificaciones estaba ubicado en Tenysson 125, una casa que desde hace más de una década utiliza Emilio Zebadúa para distintas actividades políticas y financieras.

Zebadúa fue el oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Sedatu bajo las órdenes de la secretaria Rosario Robles en ambas dependencias y es señalado como el autor intelectual de la denominada “Estafa maestra”, operación que implicó desvíos millonarios entre 2012 y 2016 por 7 mil millones de pesos.

Fuente: Reforma

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