infoinfusion 17 noviembre, 2021 | Hace 2 años

Liberan orden de aprehensión contra funcionario estatal en La Laguna de Durango

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que se giró una orden de aprehensión en contra de Raúl “NN”, ex subdirector de Transporte en la Región Laguna y actual Subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente, por el delito de ejercicio abusivo de funciones. Enterado de ello, el funcionario se presentó a declarar, sin embargo el caso seguirá su curso.

Según la denuncia de hechos que dio lugar a la Carpeta de Investigación 47/2019, en el año 2016 un grupo de 36 personas que residen en los municipios Gómez Palacio, Tlahualilo y Mapimí solicitaron al gobierno del Estado concesiones para prestar el servicio público de transporte en la modalidad de taxi.

Para la entrega de las placas correspondientes, el entonces Subdirector de Transportes en la Laguna les solicitó a cada uno el pago de veinticinco mil pesos por cada juego de láminas (cuando el trámite se cobraba en ventanilla en 11 mil 500 pesos), con la cuales comenzaron a laborar, dichos pagos sumaron en total la cantidad de 900 mil pesos.

Posteriormente, sin embargo, cuando los taxistas se presentaron a la Recaudación de Rentas en la ciudad de Gómez Palacio a realizar el refrendo correspondiente, fueron informados que sus pagos nunca ingresaron a la hacienda pública, sus concesiones carecían del expediente respectivo y no había registro alguno en el sistema.

Situación que a la fecha no se ha regularizado, razón por la cual decidieron presentar la denuncia correspondiente en la Fiscalía anticorrupción. Luego de una exhaustiva investigación, en que se solicitó información y fueron entrevistados un gran número de servidores públicos estatales, el Agente del Ministerio Público Especializado a cargo confirmó que en efecto el funcionario denunciado dispuso en lo personal de los pagos realizados por el grupo de contribuyentes.

La carpeta de investigación criminal iniciada en contra del alto funcionario estatal seguirá su curso hasta que a las víctimas del ilícito que se le imputa les sea reparado el daño y el Estado recupere lo robado, es decir se ingrese a la recaudación de rentas los pagos de derechos omitidos.

Dado que el imputado es un servidor público en funciones, se procederá a notificar a la Secretaría de la Contraloría con el fin de que se tomen las acciones conducentes en este caso, para deslindar la responsabilidad administrativa que resulte.

Asimismo, se dio a conocer que en los próximos días se podría otorgar una nueva orden de aprehensión en contra de un exfuncionario en donde están involucrados 5 millones de pesos. No se ofrecieron mayores detalles para no entorpecer la investigación.

Héctor García Rodríguez, fiscal especial, detalló que el acercamiento se dio hace más de un mes en el juzgado, a fin de llegar a un acuerdo y resarcir el daño a los 36 taxistas afiliados a la CROM, quienes en su momento interpusieron la denuncia al ser víctimas de fraude por un monto de 900 mil pesos.

Se trata de trabajadores del volante de los municipios de Gómez Palacio, Mapimí y Tlahualilo.

“Solicitaron concesiones para prestar el servicio público de taxi, el entonces subdirector de Trabajadores le solicitó a cada uno un pago de 25,000 pesos por un juego de láminas, un trámite que tiene un costo de 11,500 pesos en ventanilla”, explicó el fiscal, quien detalló que el pago nunca se reportó, lo que generó la denuncia.

García Rodríguez consideró que no existe riesgo de fuga del aún funcionario, puesto que ya acudió a la audiencia y existe la intención de resarcir el daño a cada uno de los afectados, con lo cual no sería procesado penalmente.

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