Ana Lilia López Torres, esposa de Sandoval, Pablo Roberto y Lidy Alejandra Sandoval López son señalados de ser prestanombres del exmandatario priista que gobernó su estado natal de 2011 a 2017.

Según la ficha sobre la red de corrupción del exgobernador, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, Sandoval Castañeda controlaba, a través de su familia, tres empresas y una asociación civil.

Se trata de las firmas Bodecarne, S.A. de C.V.; Iyari Alto Diseño Huichol, la compañía L-Inmo, S.A. de C.V., y la asociación civil Valor y Principio, con domicilios en los estados de Nayarit, Jalisco y la Ciudad de México, respectivamente.

Hace un año, Lidy Sandoval López promovió dos amparos ante un tribunal para echar abajo el aseguramiento de tres inmuebles reclamados por su padre, cuyo valor superan los 2 millones de pesos, los cuales les fueron negados.

Reclamó los aseguramientos de los inmuebles ubicados en el lote número 7 de Paseo de los Bosques, en el Coto Bonavida, del fraccionamiento Bonaterra Habitat Residencial y del número 6, manzana 1 de Vialidad Privada, en el fraccionamiento Lago David, ambos en el municipio de Tepic, Nayarit.

PIDEN APEGO A LA LEY EN INVESTIGACIÓN

El PRI sostuvo que las imputaciones hechas a Roberto Sandoval deben investigarse y resolverse conforme a derecho por las autoridades correspondientes, y señaló que cada individuo es responsable de sus conductas y actuaciones y, por tanto, debe hacerse cargo de ellas y de sus consecuencias.

El partido pidió que se deslinden las responsabilidades que procedan, pero recordó también que la Constitución establece la presunción de inocencia a efecto de que, quien sea señalado por cometer un ilícito, pueda hacerse oír y, en su caso, defenderse.

Sostuvo que la ley está por encima de cualquier persona y reiteró que todo presunto hecho delictivo debe ser investigado y sancionado conforme a la ley y no quedar impune.

Además, el instituto político reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en todo ejercicio de gestión pública.