infoinfusion 30 octubre, 2025 | Hace 3 meses

Proponen en el Congreso de Durango tipificar falsa paternidad como delito

El diputado de Morena, Héctor Herrera, plantea penas de hasta cinco años de prisión a quien atribuya un parentesco con dolo y engaño.

Durango, Dgo.- El diputado Héctor Herrera Núñez, coordinador de la Coalición Parlamentaria Cuarta Transformación, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Durango para tipificar la falsa paternidad como delito, con el propósito de sancionar a quien, con dolo y engaño, atribuya una paternidad sabiendo que no corresponde a la verdad biológica.

Durante su intervención en tribuna, Herrera subrayó que la paternidad implica un compromiso moral, emocional y económico, no solo con los hijos, sino con la familia y la sociedad, por lo que atribuir falsamente ese vínculo constituye una falta grave que genera daños profundos.

“Cuando este vínculo se construye sobre una mentira, se genera un daño que afecta no solo al hombre involucrado, sino también a los menores y al tejido social que pretendemos fortalecer”, expresó el legislador de Morena.

La iniciativa plantea sancionar este delito con penas de dos a cinco años de prisión y multas de 300 a 500 UMAs, a quien atribuya obligaciones de parentesco o paternidad a una persona que no le corresponda.

Herrera aclaró que la propuesta no busca criminalizar errores, sino castigar el engaño intencional, al tiempo que destacó la importancia de promover la honestidad, corresponsabilidad y confianza en las relaciones familiares.

Asimismo, advirtió que en México existen miles de casos de hombres que descubren, después de años, que no son los padres biológicos de quienes creyeron sus hijos, lo que —dijo— deja secuelas emocionales, económicas y legales difíciles de reparar.

“Si exigimos a los hombres que cumplan con sus deberes paternos, también debemos exigir que las mujeres actúen con verdad, con ética y con respeto a la justicia”, enfatizó.

Finalmente, el legislador indicó que países como España, Chile y Perú ya contemplan sanciones similares, incluso con penas privativas de libertad e indemnizaciones por daños morales, por lo que consideró necesario que Durango avance hacia una legislación que garantice que la verdad y la justicia sean los principios rectores de la convivencia familiar y social.

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