infoinfusion 6 octubre, 2023 | Hace 2 años
El Congreso de Costa Rica, incluyendo a los miembros del partido en el poder, ha dado luz verde a una moción que insta al Gobierno a declarar una emergencia nacional debido a la creciente inseguridad que se manifiesta en el récord de homicidios en la historia del país.

Esta decisión se produjo el 5 de octubre de 2023, en medio de una jornada marcada por el asesinato a tiros de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mientras realizaba una operación encubierta de vigilancia. “Es imperativo que el Ejecutivo presente un plan de acción concreto para abordar la problemática de la inseguridad”, afirmó el diputado del partido opositor Partido Unidad Social Cristiana, Horacio Alvarado, quien lideró la propuesta.
Hasta el 22 de septiembre de 2022, Costa Rica registró 448 homicidios. Sin embargo, en 2023 se ha experimentado un aumento alarmante del 46,2%, llegando a un total de 655 homicidios, superando la cifra de todo el año anterior (654 homicidios), que ya había sido la más alta en la historia del país, con una tasa de 12,6 por cada 100.000 habitantes. La mayoría de estos homicidios se atribuyen a conflictos territoriales entre bandas de narcotraficantes, y las proyecciones sugieren que la cifra podría superar los 800 homicidios para finales de 2023.
La situación se volvió aún más crítica cuando, el 4 de octubre, un agente del OIJ, Géiner Gómez, fue asesinado durante una operación encubierta en la localidad de Tirrases de Curridabat, en el este de San José. Dos sospechosos de 17 y 21 años fueron detenidos por disparar desde una motocicleta y cometer este crimen atroz.
En respuesta, el director del OIJ, Randall Zúñiga, y el fiscal general, Carlo Díaz, han pedido un aumento de recursos económicos y de personal para hacer frente a esta ola de criminalidad, enfatizando la gravedad de la situación y la necesidad de un enfoque claro para apoyar a las fuerzas de seguridad.
Costa Rica, un país que ha prescindido de un ejército desde 1948, depende en gran medida de sus fuerzas policiales para mantener la seguridad. Aunque el presidente Rodrigo Chaves mantuvo una reunión con altas autoridades judiciales el 3 de octubre para discutir la situación, aún no se ha anunciado ningún acuerdo concreto.