infoinfusion 1 noviembre, 2023 | Hace 2 años
El Congreso de Panamá retomó el debate sobre el controvertido contrato minero con Minera Panamá, una subsidiaria de la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que había generado fuertes protestas en todo el país centroamericano tras su aprobación hace más de una semana.

En una sesión celebrada el 31 de octubre de 2023, el Congreso aprobó el primer paso de los tres necesarios para revocar este acuerdo. La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos dio luz verde al “Proyecto de Ley 1110”, que prohíbe nuevas concesiones mineras y deroga la Ley 406 de 2023, que respaldó el contrato con Minera Panamá.
Por otro lado, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales también avanzó en el primer debate obligatorio sobre el “proyecto de ley 1109”, que plantea una consulta popular para decidir la terminación o no del contrato minero.
Estos debates en el Parlamento se llevaron a cabo en respuesta a las protestas y a la propuesta del presidente panameño, Laurentino Cortizo, de realizar una consulta popular vinculante para decidir el destino del contrato minero. Además, Cortizo convirtió en ley una moratoria minera que había presentado anteriormente como decreto ejecutivo como una medida para abordar las protestas que habían paralizado parcialmente el país. La derogación, la moratoria y la consulta popular deben pasar por un proceso legislativo que incluye tres debates obligatorios y, una vez aprobadas, deben ser sancionadas por el presidente.
En medio de estos debates, cientos de manifestantes se congregaron en las inmediaciones del Legislativo el mismo día en que se llevaban a cabo las discusiones, exigiendo la derogación inmediata del contrato minero sin esperar la consulta popular. La protesta culminó en enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las unidades antidisturbios de la Policía, que utilizaron gases lacrimógenos.
Por otro lado, las protestas en el país han resultado en la detención de al menos 816 personas, incluyendo 708 adultos y 108 adolescentes, por presuntos delitos de vandalismo y daños a la propiedad. Según las autoridades, se han reportado 39 unidades policiales lesionadas durante las operaciones de control público. Además, se han registrado daños a 62 comercios y 36 instituciones gubernamentales, así como a 57 vehículos, de los cuales 21 son de propiedad gubernamental.
Todos los detenidos han sido presentados ante las autoridades correspondientes después de los disturbios en varias provincias de Panamá.