infoinfusion 8 noviembre, 2023 | Hace 2 años
En plena efervescencia de la campaña electoral rumbo al balotaje del 19 de noviembre en Argentina, la justicia ha destapado un escandaloso entramado de espionaje ilegal.

En este intrincado tejido de investigaciones clandestinas, se han visto comprometidos no solo los Poderes Ejecutivo y Judicial, sino también figuras destacadas del periodismo y empresarios, en una presunta trama financiada por funcionarios vinculados al kirchnerismo.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ha dado a conocer un contundente dictamen que expone la existencia de miles de “objetivos” sometidos a espionaje ilegal. Las víctimas abarcan desde el presidente Alberto Fernández y su gabinete, hasta opositores de la talla del líder de La Libertad Avanza, representante de la ultraderecha en la contienda electoral.
Este escandaloso descubrimiento se deriva de una investigación anterior sobre espionaje y suplantación de identidad a magistrados de la Corte Suprema de Justicia argentina. En el epicentro de este caso se encuentra Ariel Zanchetta, exoficial de inteligencia de la Policía Federal Argentina, detenido en junio pasado. La red ilegal de espionaje no solo involucra a Zanchetta, sino también a dos individuos de la provincia de Misiones, quienes habrían vulnerado las comunicaciones de los jueces mediante datos presuntamente obtenidos de manera ilegal por una empresa llamada Sudamericana Data Group.
Las revelaciones del fiscal revelan un intrincado entramado de conexiones, donde las búsquedas de información personal sobre jueces fueron financiadas por Zanchetta. Este exoficial de inteligencia no solo actuaba por cuenta propia, sino que también recibía solicitudes de espionaje por parte de un vocero kirchnerista ligado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), estrechamente vinculado a Máximo Kirchner, líder de La Cámpora y hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández.
Los informes resultantes recopilaban datos personales, patrimoniales, nombres de familiares y hasta seguimientos de movimientos, sumiendo al país en un escándalo que aún se encuentra bajo investigación judicial, pendiente de nuevas pruebas y posibles acciones legales.