Organización humanitaria y familiares demandan investigación de crímenes en cárceles salvadoreñas

infoinfusion 12 enero, 2024 | Hace 2 años

Organización humanitaria y familiares demandan investigación de crímenes en cárceles salvadoreñas

El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) y familiares de individuos fallecidos bajo custodia estatal en el marco del régimen de excepción en El Salvador solicitaron a la Fiscalía investigar posibles crímenes de lesa humanidad en las prisiones del país.

Ingrid Escobar, directora del SJH, compareció ante los medios para presentar una denuncia por violación de derechos humanos, especialmente por casos de tortura en centros penales como La Esperanza, Apanteos, Quezaltepeque, Zacatecoluca, Izalco y calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC).

Escobar detalló que estos abusos estarían ocurriendo en instalaciones donde, según el SJH, han fallecido más de 200 personas en custodia estatal. La organización resalta que ninguna de estas muertes ha sido registrada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que alberga a unos 12.000 reclusos. Se subraya la necesidad de investigación, especialmente en casos como el del sindicalista José Leonidas Bonilla, donde se alega evidencia de tortura. Escobar concluyó que buscan iniciar un proceso de reparación a nivel nacional, escalando, de ser necesario, a instancias internacionales.

Régimen de excepción y derechos humanos: La situación en El Salvador

El Congreso de El Salvador, mayoritariamente oficialista, extendió por vigésima segunda vez el régimen de excepción el pasado 9 de enero. Esta medida, en vigor desde marzo de 2022, suspende garantías constitucionales y afectará las elecciones presidenciales y legislativas del 4 de febrero. Según datos oficiales, se han realizado más de 75.100 detenciones de personas acusadas de ser pandilleros o colaboradores, con más de 7.000 liberaciones condicionales. Organizaciones humanitarias denuncian más de 6.000 víctimas de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos sin orden e incomunicación con personas detenidas. Amnistía Internacional alerta que esta situación ha llevado al país a una de sus peores crisis de derechos humanos desde el fin de la guerra civil en 1992, con la violencia estatal reemplazando gradualmente a la de las pandillas, según su evaluación.