infoinfusion 30 enero, 2024 | Hace 2 años
El Gobierno de México ha confirmado que el reciente hackeo a los servidores de Presidencia, donde se filtraron datos personales de 263 periodistas, fue perpetrado desde España utilizando la cuenta de un exfuncionario público.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció en una conferencia de prensa que se llevará a cabo un juicio penal contra los responsables y se ofrecerá el mecanismo de protección gubernamental a los afectados que así lo decidan.
El incidente fue revelado por la consultora de seguridad SILKIN, que informó sobre la filtración en foros clandestinos de una base de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia. La información comprometida incluye detalles como pasaportes, identificaciones, RFC, direcciones y teléfonos de más de 300 periodistas. Aunque el vocero del Gobierno, Jesús Ramírez Cuevas, aclaró que se trató de una sustracción ilegal y no de una filtración de datos, destacó que la vulneración afectó a 263 periodistas.
Jesús Ramírez Cuevas, en una rueda de prensa, detalló que entre los datos expuestos se encontraban 186 credenciales de elector con datos completos de domicilio, 63 pasaportes, dos hojas curriculares, una licencia de Estados Unidos, una CURP y 10 documentos emitidos por el Instituto de Migración a periodistas extranjeros. Según el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, la violación a los sistemas gubernamentales se realizó desde España mediante una cuenta de usuario de un exfuncionario que dejó el Gobierno mexicano hace casi dos años.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador vinculó el hackeo a una “red de opositores a la transformación”, refiriéndose a líderes vinculados con partidos de oposición en México. No obstante, Jesús Ramírez aclaró que esta afirmación fue una opinión personal del mandatario y que la responsabilidad será determinada por la autoridad correspondiente después de una investigación exhaustiva de los hechos. La organización Artículo 19 advirtió que la filtración, en un país ya peligroso para la prensa, vulnera la dignidad, intimidad y seguridad física de los periodistas.