infoinfusion 14 febrero, 2024 | Hace 2 años
Ante la creciente problemática de la escasez de agua en el país y la preocupante tendencia de individuos que buscan lucrarse con este recurso vital, el grupo parlamentario de Morena ha presentado una iniciativa para reformar el Código Penal Federal en materia de Delitos Contra el Servicio Público del Agua Potable.

La propuesta, liderada por la diputada María Guadalupe Román, busca imponer sanciones severas a quienes intenten obtener beneficios económicos mediante acciones ilegales relacionadas con el agua.
La iniciativa contempla penas que van desde dos hasta seis años de prisión, así como multas que oscilan entre 50 y 200 días, es decir, hasta un máximo de 49,786 pesos, para aquellos individuos que distribuyan agua potable sin la debida autorización de las autoridades pertinentes. Asimismo, se propone penalizar con uno a tres años de cárcel y multas que van desde 25 hasta 100 días, aproximadamente 25 mil pesos, a quienes extraigan agua de fuentes de abastecimiento no autorizadas.
Además, la reforma sugerida por Morena contempla sanciones más rigurosas, como penas de 2 a 6 años de prisión y multas de 50 a 200 días, para aquellos que, sin justificación, alteren, impidan o restrinjan el flujo de agua destinado al suministro de los usuarios del servicio. Este enfoque legislativo surge en respuesta a informes recientes que revelan la diversificación de actividades ilícitas del crimen organizado, que ahora incluyen el control de pozos de agua en zonas como Tlalpan e Iztapalapa, donde se han reportado acciones para obtener ganancias a expensas de la escasez de este recurso vital.