infoinfusion 17 mayo, 2024 | Hace 2 años
Chiapas enfrenta una creciente ola de violencia por parte del narcotráfico, afectando a la población civil en diversas comunidades.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha alertado sobre el aumento de la violencia en el municipio de Chicomuselo, ubicado en la región de la Sierra.

La organización señala que la disputa por el control del territorio entre grupos delictivos se ha extendido a comunidades vecinas, creando un ambiente de inseguridad y temor entre los habitantes.
A pesar de los intensos enfrentamientos que han desplazado a la población civil, las autoridades estatales y la Fiscalía General del Estado no han proporcionado información sobre la situación en las comunidades afectadas. Los habitantes han reportado que los participantes en los enfrentamientos vestían uniformes militares y utilizaban vehículos similares a los del ejército, lo que aumenta la confusión y el miedo entre los residentes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó recientemente que existen condiciones para la realización de los comicios el próximo 2 de junio, a pesar de la violencia. Sin embargo, el ejido Nueva Morelia, donde fueron asesinadas 11 personas, es considerado una región estratégica para la extracción de recursos minerales, operada por grupos criminales según testimonios locales. Esta zona se encuentra bajo el control de la Mina Ampliación La Revancha, un punto de conflicto debido a la riqueza mineral de la región.
El Frayba, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, ha denunciado la violencia en la entidad y detalló que más de 700 personas fueron desplazadas forzosamente tras los enfrentamientos del 4 de enero en Nueva Morelia. Los recientes enfrentamientos del 10 de mayo en las localidades de Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia han provocado cortes de energía eléctrica y aislamiento de las comunidades, además del desplazamiento de familias enteras.
La situación de violencia en Chiapas, especialmente en las regiones de la Frontera y la Sierra, ha sido motivo de preocupación para el Frayba, fundado por el obispo Samuel Ruiz. La organización insiste en que el Estado mexicano debe garantizar la diligencia debida en las investigaciones y proteger a la población civil afectada por la violencia del crimen organizado.
Testimonios de los habitantes de Nueva Morelia describen cómo, el 10 de mayo, hombres armados tomaron la comunidad y, tras días de enfrentamientos, asesinaron a 11 personas el 13 de mayo. La mayoría de los habitantes huyeron a la Sierra en busca de refugio, mientras que los que permanecieron fueron brutalmente asesinados. Los relatos indican que las víctimas, que no tenían vínculos con los grupos delictivos, fueron ejecutadas en sus propios hogares, exacerbando el miedo y la inseguridad en la región.