infoinfusion 17 diciembre, 2025 | Hace 1 hora

Abogada de “El Limones” trabajó en Fiscalía de Durango

Activista de Defensorxs y Narcopolíticos señala que estaría ligada a funcionarios actuales, otro motivo de Harfuch para desconfiar del gobierno Esteban Villegas.

Durango, Dgo.- Una publicación realizada en redes sociales por el abogado y activista Miguel Alfonso Meza, integrante de la organización Defensorxs y del colectivo de periodistas e investigadores que impulsan la plataforma Narcopolíticos, expuso presuntos vínculos entre ex y actuales funcionarios de la Fiscalía de Durango con el entorno legal del detenido Edgar “N”, lo que —según el activista— explicaría la exclusión de autoridades estatales en el operativo federal que derivó en su captura.

De acuerdo con lo difundido por Meza, la defensa legal del detenido estaría a cargo de Maricela de Alba Stevenson, ex funcionaria de la Fiscalía de Durango y exdirectora jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, cargo que habría ocupado hasta 2023. La abogada habría sido autorizada formalmente para representar a Edgar “N” en al menos uno de los amparos promovidos para evitar su detención.

El activista detalló que De Alba Stevenson laboró durante aproximadamente 18 años en la Fiscalía estatal, donde alcanzó el cargo de directora de Asuntos Internos. Aunque dejó dicha institución años atrás, señaló que en 2025 su hijo, Ricardo González de Alba, fue designado como comandante regional de la propia Fiscalía de Durango.

Asimismo, Meza indicó que desde 2022 existían denuncias públicas en redes sociales que señalaban una presunta cercanía entre dicho mando policial y el hoy detenido, quien ya era identificado en plataformas digitales como presunto extorsionador. Pese a ello, sostuvo que el gobierno estatal mantuvo a Maricela de Alba en un cargo directivo dentro de la administración pública.

El abogado también cuestionó la falta de transparencia del Gobierno de Durango, al señalar que la plataforma de declaraciones patrimoniales se encuentra deshabilitada, lo que impide conocer con precisión las fechas de salida de exfuncionarios y el seguimiento a posibles conflictos de interés.

Finalmente, Meza afirmó que esta información forma parte de una investigación más amplia sobre una presunta red de protección institucional que habría permitido la operación impune de actividades delictivas en la entidad, y adelantó que aún existe más información por revelar.

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