infoinfusion 26 octubre, 2023 | Hace 2 años
Las multitudinarias manifestaciones en Panamá continúan su fervoroso reclamo contra el gobierno, que recientemente ha firmado un controvertido contrato con la gigante minera canadiense First Quantum Minerals.

En el cuarto día de protestas, una diversa coalición de ciudadanos, incluyendo estudiantes, médicos, religiosos, obreros, profesores y grupos indígenas, se congregaron cerca de la Presidencia en la capital. Haciendo sonar cacerolas y ondeando banderas panameñas, los manifestantes corearon consignas como “Esta patria no se vende” y “Minera no te queremos”.
La protesta avanzó desde el paseo marítimo hacia el casco antiguo de la ciudad, donde se encuentran los edificios gubernamentales, incluyendo el Palacio presidencial, y fue recibida con la dispersión de gases lacrimógenos por parte de la policía antidisturbios.
Ni la fuerza policial ni las condiciones climáticas adversas lograron frenar a los manifestantes. La marcha concluyó con el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de los agentes, quienes se protegieron detrás de grandes vallas que rodeaban los edificios gubernamentales.
Los enfrentamientos se intensificaron en la Plaza de la Catedral, ubicada en el casco antiguo de Ciudad de Panamá, cuando miles de manifestantes intentaron retirar las vallas de seguridad que rodeaban la sede del gobierno.
La manifestación, en ocasiones bajo la lluvia, recorrió la estratégica Avenida Balboa antes de llegar al corazón del Casco Viejo, donde, tras el uso de gases, la protesta retrocedió y se reagrupó antes de dirigirse hacia el centro financiero y las zonas residenciales exclusivas del este de la ciudad.
Mientras tanto, los gremios del transporte de carga tomaron la decisión de “paralizar completamente” sus servicios por motivos de seguridad debido a los bloqueos en la principal carretera del país y otras vías en el contexto de las protestas. Una misiva firmada por ocho gremios de transporte de carga advirtió sobre la posibilidad de un desabastecimiento total de alimentos, medicinas, insumos médicos, gas y combustible si el conflicto no se resolvía en un plazo de dos días.
El presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Carga, Roberto Araúz, informó que aproximadamente 900 camiones se encontraban parados en la carretera Panamericana, que cruza todo el país y lo conecta con Centroamérica.
Las protestas tienen como objetivo la derogación de una ley que selló el acuerdo firmado entre la minera y el gobierno, el cual fue negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato original de explotación de la mina de cobre más grande de Centroamérica en 2017.
Los manifestantes argumentan que el nuevo contrato también es “inconstitucional” y que la actividad minera representa una amenaza para el medio ambiente, mientras que el gobierno defiende el acuerdo, destacando los aportes económicos anuales de la minera al Estado por valor de 375 millones de dólares, diez veces el monto del acuerdo inicial.