infoinfusion 22 abril, 2024 | Hace 2 años
Expertos en derecho y organizaciones civiles han expresado preocupación por las recientes reformas a la Ley de Amnistía, aprobadas por el Senado de México.

Esta reforma otorga al Presidente la facultad de liberar a delincuentes que proporcionen información relevante sobre casos graves, lo que ha generado inquietudes sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y sus posibles impactos en los derechos de las víctimas.
Gabriel Regino, reconocido abogado y exsubsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, ha calificado estas reformas como un “intento desesperado” del gobierno para abordar casos emblemáticos como el de Ayotzinapa. Regino advierte que la falta de un mecanismo claro para validar las amnistías planteadas por el Presidente podría generar omisiones legales y un exceso de autoridad en la figura presidencial.
Lisa Sánchez, directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), coincide en estas preocupaciones y señala que la ausencia de excepciones para crímenes graves contra los derechos humanos, como la desaparición forzada o el homicidio doloso, plantea riesgos significativos para la reparación del daño a las víctimas y el acceso a la verdad.
Ambos expertos subrayan la importancia de establecer salvaguardias legales efectivas para garantizar que las reformas a la Ley de Amnistía no debiliten la justicia ni pongan en riesgo los derechos fundamentales de las personas afectadas por el crimen y la violencia.