infoinfusion 4 marzo, 2019 | Hace 6 años
Los 32 gobiernos estatales no han podido aclarar el gasto de 304 mil 570 millones de pesos entre los años fiscales 2003-2017. Son recursos provenientes de diversos fondos federales que no se recuperaron en esos 15 años. Esta cantidad representa 64.4 por ciento de los 472 mil 361 millones de pesos malversados por entes fiscalizados, incluyendo dependencias federales, universidades públicas, instituciones autónomas y gobiernos municipales y estatales.
Es decir, que al menos seis de cada 10 pesos malversados en 15 años en todo el país son imputados a gobiernos de los 32 estados. Las entidades que representan un mayor daño al erario son Veracruz, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua y Chiapas.
En esas ocho se desvanecieron 211 mil 128 millones de pesos, 44.8% de lo perdido en todos los gobiernos y entes fiscalizados. En las cuentas públicas con mayor monto por recuperar o aclarar figuran administraciones encabezadas por gobernadores que ya dejaron el cargo, como los priistas Javier Duarte (Veracruz) y Eruviel Ávila (Estado de México), pero también hay mandatarios en funciones, como Silvano Aureoles (PRD), de Michoacán.
Cada año los estados reciben recursos públicos provenientes de fondos federales para el apoyo de infraestructura, deuda pública, aportaciones a seguridad social y “provisiones salariales y económicas para fines concretos”. Sin embargo, a pesar de que ese dinero aparece etiquetado, las administraciones estatales hacen uso libre de los recursos para subsanar otros proyectos o simplemente desviarlo para “usos ajenos al bien social”, de acuerdo con lo que ha encontrado la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El caso más abultado es el de Veracruz: acumula 63 mil 774 millones de pesos sin comprobar. La mayoría de los desfalcos en esta entidad se dieron durante la administración de Javier Duarte, ya que entre las cuentas públicas 2011 y 2016 no se hizo un buen uso de 62 mil 607.7 millones de pesos, es decir, 98.1 por ciento del dinero total que debe aclarar la entidad.
La red de corrupción que se creó durante el gobierno de Duarte consistía en crear empresas con un domicilio fiscal falso para registrarlas como proveedoras del gobierno con un amplio margen de facultades para poder vender casi cualquier producto.
Al quedar establecidas y registradas en el servicio público, éstas recibían diversos contratos mediante adjudicaciones directas o licitaciones cerradas con la ayuda de funcionarios cercanos al entonces gobernador.
Las firmas simulaban la compra de productos que se pactaban en los convenios y con el dinero obtenido la empresa cerraba operaciones. La ASF reporta que los montos anuales por desfalco al erario público en la entidad se realizaron de la siguiente manera: en la cuenta pública de 2011 solo faltan 300 millones de pesos, pero para 2012 las auditorías comprobaron malos manejos por 5 mil 753 millones.
A partir de la cuenta pública de 2013 se observa un aumento importante de los desvíos: 11 mil 108 millones de pesos. En 2014 el desfalco subió hasta 16 mil 803 millones y en 2015 bajó a 10 mil 9 millones.
Aunque en 2016 Javier Duarte dejó anticipadamente su cargo como gobernador para evitar su aprehensión, en ese año se presentó el mayor daño al erario por parte de un gobierno estatal en la historia del país: la Auditoría reportó que hubo un mal manejo de 18 mil 633 millones de pesos.
Fuente: Milenio