infoinfusion 19 noviembre, 2025 | Hace 2 semanas
El organismo empresarial urge homologar el delito de extorsión y reconoce a Coahuila como referente en coordinación.
Torreón, Coahuila.– La crisis de inseguridad que atraviesa el país tiene en Durango uno de sus ejemplos más claros, afirmó el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, durante una visita a esta ciudad.

Comarca Lagunera / Torreón, Coah.- El dirigente empresarial señaló que, mientras Coahuila mantiene resultados positivos en materia de seguridad gracias a su coordinación institucional, otras entidades continúan enfrentando episodios de violencia que golpean directamente al sector productivo.
Sierra Álvarez subrayó que la extorsión se ha convertido en el delito más dañino para los negocios y uno de los mayores frenos al desarrollo económico. “La Mipyme vive al día; si la extorsionan, no solo cierran, pierden todo”, expresó. De acuerdo con datos del organismo, uno de cada dos empresarios afiliados ha sido víctima de algún delito, siendo el cobro de piso y otras formas de extorsión las de mayor incidencia.
El líder empresarial urgió al Senado a aprobar la reforma al artículo 73 constitucional para que el delito de extorsión sea homologado en todo el país. Actualmente, explicó, las diferencias legales entre estados dificultan la persecución y dejan en estado de indefensión a miles de comerciantes. “En algunos estados ni siquiera está tipificada. Necesitamos castigos económicos y penales más severos, sin excepciones”, sostuvo.
Sierra Álvarez contrastó la situación de Durango con la de Coahuila, al afirmar que esta última entidad ha logrado sostener bajos niveles delictivos gracias a una estrategia permanente de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. No obstante, advirtió que incluso los estados con mejores indicadores deben mantenerse alertas: “La inseguridad es una sombra que alcanza a todos si no se actúa con firmeza”.
El presidente de Coparmex también alertó sobre el creciente número de robos violentos a negocios, que estimó en cuatro de cada diez casos, y criticó que en algunas zonas del país autoridades municipales o estatales participen en prácticas de extorsión bajo el argumento de aplicar la ley. “Ese es el impuesto más alto que pagan los empresarios”, señaló. Finalmente, insistió en que sin condiciones de seguridad no puede haber desarrollo económico ni justicia social. “México no atraerá inversiones mientras no atienda de manera decidida esta crisis. La inseguridad destruye empresas y arranca oportunidades a familias enteras”, concluyó.