infoinfusion 8 diciembre, 2025 | Hace 21 horas

Impugnan negativa para investigar situación de fuero del diputado Martín “N”

Defensa de Cristhia advierte sobre un trato desigual y recurre a la justicia federal. Buscan revertir vinculación por chantaje.

Durango, Dgo.- El abogado de Cristhia Gallegos, Óscar Mora Herrera, informó que actualmente su clienta se encuentra involucrada en tres procesos penales: uno como imputada por el delito de chantaje, del cual fue vinculada a proceso en octubre de 2025, y dos más en los que figura como víctima, ambos en contra de su expareja, el diputado local, Martín “N”.

Respecto al proceso por chantaje, el litigante, quien vienen desde la Ciudad de México,  explicó que se interpuso un amparo indirecto para impugnar la legalidad de la vinculación a proceso, al considerar que existen suficientes argumentos para que sea revocada. Detalló que la resolución podría derivar en una reposición del procedimiento o incluso en una desvinculación total de Cristhia del proceso penal.

En cuanto a los dos expedientes donde ella es víctima, precisó que ninguno ha sido judicializado y ambos permanecen en etapa de integración en el Centro de Justicia para Mujeres de la capital.

Este mismo día, se celebró una audiencia relacionada con una de estas carpetas, en la que el Ministerio Público negó realizar un acto de investigación solicitado por la defensa, consistente en solicitar información al Congreso del Estado para confirmar si el legislador investigado cuenta o no con fuero constitucional.

Ante la negativa de la Fiscalía, la defensa acudió ante un juez de control para impugnar dicha decisión; sin embargo, el juzgador ratificó la postura del Ministerio Público bajo el argumento de que se trataba de un “hecho notorio”. Esta resolución también será combatida mediante un nuevo juicio de amparo ante un juez federal, al considerar que vulnera derechos humanos y el debido proceso.

Mora Herrera explicó que la posibilidad de un juicio de procedencia para retirar el fuero al legislador depende de la integración adecuada de la investigación por parte de la Fiscalía y, posteriormente, de una determinación del Congreso del Estado, ya que mientras exista esa protección constitucional, no se puede ejercer acción penal directa en su contra.

Sobre posibles irregularidades en el proceso y un presunto tráfico de influencias, el abogado señaló una serie de hechos que —dijo— resultan preocupantes, como la limitación de tiempo para acceder a la carpeta de investigación, la privacidad de audiencias, restricciones al derecho de declarar y la imposición de una multa superior a los 130 mil pesos, misma que fue suspendida por un juez de distrito mediante la concesión de una suspensión definitiva.

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