infoinfusion 15 enero, 2026 | Hace 2 semanas

Perdió su casa por abusos del Tribunal de Justicia

La historia de Gilberto Pérez y su lucha contra el sistema judicial de Durango. Su exesposa y una mujer que le proveía mercancía le arrebataron su propiedad mientras luchaba por sobrevivir.

Durango, Dgo.- Gilberto Pérez Obregón ha vivido una batalla desigual contra lo que él define como una cadena de abusos, omisiones y presuntas irregularidades dentro del sistema de justicia de Durango. Su caso no solo expone la pérdida de una vivienda heredada por un adeudo mercantil relativamente menor, sino también una serie de vacíos institucionales que, hasta hoy, lo mantienen sin respuestas.

Todo comenzó en 2012, cuando Gilberto mantenía un negocio y adquiría joyería de manera recurrente a una proveedora identificada como Elizabeth Herrera Vela. La relación comercial se sustentaba en pagos periódicos y pagarés firmados. El último documento fue por un monto de 21 mil 300 pesos, una cifra que, en condiciones normales, habría sido cubierta sin mayor problema.

Sin embargo, en agosto de 2015, la vida de Gilberto dio un giro radical: sufrió un derrame cerebral (evento vascular cerebral) que lo mantuvo un mes en coma y lo obligó a pasar siete años en rehabilitación. Durante ese periodo, reaprendió a leer, escribir y valerse por sí mismo. Mientras él luchaba por recuperarse, el proceso legal por el adeudo avanzó en tribunales.

“Me demandaron casi de inmediato. Yo estaba enfermo, sin poder trabajar, y la deuda empezó a crecer por los intereses”, relata.

Un desalojo inesperado

En 2023, cuando Gilberto ya había logrado reincorporarse a la vida laboral, recibió una llamada que marcaría otro golpe devastador. Un vecino le avisó que estaban sacando sus pertenencias de la casa donde nació, ubicada en la calle República de Venezuela 802, en la colonia López Mateos.

Al llegar, encontró a personal judicial, policías y actuarios ejecutando un desalojo. La orden, según el expediente, provenía del Juzgado Tercero de lo Mercantil, entonces a cargo del juez Jaime René Tapia Pacheco.

La sorpresa fue mayor cuando, al revisar el expediente, Gilberto leyó que su entonces esposa, Susana Hernández Tejada, aparecía como vendedora del inmueble a favor de Elizabeth Herrera Vela, la misma persona que lo había demandado. La vivienda, asegura, estaba escriturada únicamente a su nombre y formaba parte de la herencia de sus padres.

“Mi casa fue vendida en el papel, pero yo nunca firmé nada. Estaba enfermo, incapacitado, y aun así el juicio avanzó”, sostiene.

Expedientes que desaparecen

Gilberto afirma que, con el paso del tiempo, el expediente judicial se fue reduciendo inexplicablemente hasta desaparecer por completo del sistema. Lo que inicialmente era un archivo voluminoso, terminó convertido en apenas unas cuantas hojas, hasta que dejó de aparecer en los registros.

Ante esta situación, acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar los hechos. Ahí, asegura, fue atendido por al menos tres agentes del Ministerio Público distintos en el área de delitos patrimoniales, sin que su denuncia prosperara.

“Di seguimiento durante meses, incluso años. Cambiaban al MP y todo volvía a empezar. Nunca hubo avances”, lamenta.

Sin recursos para contratar un abogado particular, recurrió a instancias de defensa gratuita, como la FADER, donde tampoco obtuvo resultados concretos. Mientras tanto, su vivienda habría sido puesta en proceso de remate por una empresa inmobiliaria, según su versión.

Señalamientos y exigencia de justicia

En sus declaraciones, Gilberto señala presuntas responsabilidades de diversos actores: su exesposa, la acreedora, abogados vinculados al juicio y funcionarios del Poder Judicial. Subraya que se trata de su percepción basada en los documentos que alcanzó a revisar y en el desarrollo del caso, sin que hasta ahora exista una resolución que esclarezca los hechos.

“Suena irónico, pero soy víctima de la justicia. Perdí mi casa por un pagaré de 21 mil pesos”, afirma.

Actualmente vive en una casa rentada, a pocas cuadras de la que considera sigue siendo su propiedad. Pasa con frecuencia por el lugar, donde no observa que esté habitada. Conserva documentos, recibos de servicios y su credencial de elector con ese domicilio, además del respaldo moral de vecinos que, asegura, conocen la historia.

A más de tres años del desalojo, Gilberto sigue esperando que alguna autoridad revise su caso a fondo. Su petición es simple: que se pongan en su lugar y que se investigue cómo una deuda mercantil terminó en la pérdida de un patrimonio familiar.

“Solo quiero que se haga justicia y recuperar mi casa”, concluye.

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