infoinfusion 14 marzo, 2025 | Hace 2 días

El PJED incurre en violencia institucional contra Mónica y las niñas Peyro

Cae en desacato ante SCJN, negando acceso a terapias y protegiendo al agresor. Un precedente preocupante sobre la impunidad y corrupción dentro del sistema judicial en Durango.

El Poder Judicial del Estado de Durango ha sido señalado por incurrir en violencia institucional y revictimización contra las hijas de Mónica Peyro, al no acatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordena garantizar su derecho a la salud emocional. Pese a la resolución del máximo tribunal del país, el Juzgado Segundo Familiar de Durango ha obstaculizado la ejecución de la sentencia, favoreciendo al progenitor señalado como agresor sexual.

El caso inició en noviembre de 2019, cuando las hijas de Mónica Peyro fueron sustraídas por su padre, Mauricio “N”. Tras un proceso penal, el Juzgado Segundo Familiar ordenó la restitución de las menores con su madre; sin embargo, la familia paterna volvió a sustraerlas. En su desesperación, Mónica Peyro aceptó un convenio propuesto por los abogados del padre, lo que le permitió reunirse con sus hijas nuevamente. Una vez con ellas, descubrió que presentaban signos de abuso sexual y, tras periciales psicológicas y médicas, se determinó que habían sido víctimas de violencia sexual, señalando al progenitor como su agresor.

Ante esta situación, el juez dictó medidas urgentes para suspender la guarda y custodia del padre y ordenó evaluaciones psicológicas en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM). No obstante, los especialistas de este centro determinaron que la madre representaba un riesgo y que el padre era apto para convivencias, pese a los dictámenes previos.

El caso tomó relevancia a nivel federal, cuando el abuelo materno denunció la situación ante el Gobierno de México. Como resultado, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) recomendó que las niñas recibieran atención psicológica en la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), cuyos informes evidenciaron la violencia sufrida por las menores a manos de la familia paterna.

El 25 de noviembre de 2021, el juez Luis Mario Hernández Vargas ordenó suspender la terapia en ADIVAC, alineándose con los intereses del progenitor. Sin embargo, la asociación interpuso un amparo y lo ganó. Paralelamente, Mónica Peyro solicitó la atracción del caso por parte de la SCJN. El entonces ministro presidente Arturo Zaldívar impulsó el proyecto, que fue votado por unanimidad en mayo de 2023. Posteriormente, la ministra presidenta Norma Piña registró el recurso de revisión y, en octubre de 2024, la ministra Loretta Ortiz falló a favor de las menores, protegiendo su derecho a la salud emocional y ordenando dejar sin efecto el acuerdo que impedía su terapia en ADIVAC.

En febrero de 2025, el Juzgado Segundo Familiar de Durango recibió la sentencia para ejecutarla. Sin embargo, el juez Jesús Julián Rodríguez Cabral, junto con las secretarias Mónica Cerrillo y Fátima del Socorro Adama, no solo ha retrasado su cumplimiento, sino que ha emitido acuerdos que revictimizan a las niñas y minimizan la violencia sexual sufrida.

El pasado 11 de febrero, el juzgado emitió un acuerdo que otorga primacía al agresor, negando nuevamente el derecho a la salud emocional de las niñas y argumentando que su daño psicológico podría deberse al conflicto de guarda y custodia, no a los abusos padecidos. Además, ha condicionado el derecho de las niñas a expresar su opinión, contradiciendo el fallo de la SCJN.

El abogado Fernando Murillo, representante de Mónica Peyro, calificó la situación como “inaudita” y denunció que el Poder Judicial de Durango actúa al margen de la legalidad. “Esto ya no es un tema jurídico, sino un acto articulado para seguir vulnerando a las víctimas y beneficiar al agresor. Se está desacatando una resolución de la Corte, lo cual es extremadamente grave”, señaló.

Murillo también advirtió que el caso representa un precedente preocupante sobre la impunidad y corrupción dentro del sistema judicial en Durango. “Este caso evidencia las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por jueces, fiscales y magistrados que operan en contra de la justicia. La sentencia de la SCJN es clara, pero aquí han decidido ignorarla para proteger a un agresor sexual”, concluyó.

La resolución de la SCJN establece que el interés superior de las niñas debe prevalecer y que su bienestar emocional y mental debe ser garantizado. No obstante, la actuación del Poder Judicial de Durango ha encendido alarmas sobre la impunidad en el estado y la falta de protección efectiva para las víctimas de violencia infantil y de género.

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