infoinfusion 23 octubre, 2023 | Hace 2 años

Protestas en Panamá contra minera canadiense desencadenan disturbios en las calles

Policías panameños se vieron forzados a recurrir a gases lacrimógenos el lunes, 23 de octubre de 2023, cuando manifestantes tomaron las calles en rechazo al contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar la mina de cobre más grande de Centroamérica en Panamá.

Las tensiones se mantuvieron a lo largo de la noche, con enfrentamientos en diversas regiones del país, incluida Ciudad de Panamá, donde los manifestantes protagonizaron actos de vandalismo, ardiendo neumáticos y lanzando piedras a la Policía, lo que resultó en al menos 25 detenciones.

Los manifestantes, que incluían obreros de la construcción, maestros, estudiantes universitarios y miembros de comunidades indígenas, entre otros sectores, coreaban consignas como “¡Abajo los vendepatria!” y “¡No al contrato minero!”, mientras portaban banderas nacionales y pancartas con mensajes como “Protejamos nuestros recursos naturales”, “Basta de destruir nuestras tierras” y “La Patria se defiende”. Estas protestas estratégicamente planificadas paralizaron calles y avenidas de la capital, así como otras ciudades y provincias, incluyendo Colón, Chiriquí, Veraguas, Los Santos y Coclé. La ciudad de Panamá también se vio afectada por la paralización del tráfico y el cierre de algunas estaciones de metro.

Las manifestaciones fueron convocadas por sindicatos y grupos ambientalistas en respuesta a la sanción del presidente Laurentino Cortizo a la ley que estableció el controvertido contrato, aprobado pocas horas antes por el Congreso. Para prevenir disturbios adicionales, el gobierno suspendió la jornada escolar en el país. Las protestas, que comenzaron temprano ese lunes, resultaron ser más intensas que las ocurridas durante el fin de semana anterior en la capital. La movilización continuará al día siguiente, con gremios de maestros llamando a un paro de labores de 48 horas.

El centro de las protestas radica en la exigencia de la derogación de la ley que respalda el acuerdo entre la minera y el gobierno. Este contrato, negociado en respuesta a una decisión de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato original de explotación en 2017, impone a la minera una contribución mínima anual de 375 millones de dólares al Estado panameño, diez veces más que el acuerdo anterior.

El ministro de Comercio, Federico Alfaro, justificó este aumento sustancial como una mejora para el país.

Con información de AFP

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