infoinfusion 25 octubre, 2023 | Hace 2 años
En Panamá, una nueva jornada de protestas estalló con manifestantes bloqueando vías en todo el país.
Su principal demanda es la derogación del contrato que permite a una empresa canadiense operar la mina de cobre más grande de Centroamérica.

Estos disturbios han llevado al presidente Laurentino Cortizo a advertir que no tolerará el caos.
Por el segundo día consecutivo, las fuerzas antimotines se enfrentaron a pequeños grupos que les arrojaron piedras en diversos puntos de la capital panameña y en otras ciudades. Cortizo, en un mensaje televisado, hizo un llamado a la cordura, exhortando a respetar las leyes, las instituciones, la propiedad pública y privada, así como el libre tránsito. Además, advirtió que los actos de vandalismo y los llamados a la anarquía serían judicializados. Las principales vías de la capital continúan bloqueadas, con manifestantes quemando neumáticos y colocando escombros en algunas áreas.
“Esta patria no se vende, esta patria se defiende”, corean los manifestantes, que incluyen a maestros, médicos, obreros y otros grupos en diversas zonas del país centroamericano. Su rechazo se centra en la empresa canadiense First Quantum Minerals, y las protestas fueron lideradas por el poderoso sindicato de la construcción.
Estas manifestaciones comenzaron el viernes después de que el Congreso aprobó rápidamente la ley que permitía a la empresa minera canadiense operar en Panamá. La sanción presidencial en la misma noche del viernes aumentó la indignación de los manifestantes, quienes consideran que el contrato es inconstitucional y que los aportes de la compañía al Estado son insuficientes, además de percibir la mina como una amenaza para el medio ambiente.
A pesar de esto, el gobierno destaca que la mina es una fuente significativa de empleo y contribuye al PIB del país. El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, con la posibilidad de una prórroga de otros 20 años. Desde febrero de 2019, la mina a cielo abierto, ubicada en la costa del Caribe, ha estado produciendo alrededor de 300,000 toneladas de concentrado de cobre al año.
Lilian González, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, expresó su desacuerdo con el contrato, enfatizando razones ambientales, sociales, económicas y democráticas, y calificando su aprobación como una lesión grave para el país.