El ponente, argumentó que los gobernadores cayeron en violaciones reiteradas, por lo que pidió al Tribunal velar por el cumplimiento de la Constitución y que este desaliente el futuro incumplimiento de la ley.

De esta manera, propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) emitiera los lineamientos por los cuales se retire el modo honesto de vivir a los 17 gobernadores, lo que se les evitaría a participar en próximas elecciones. No obstante, sus compañeros optaron por no acompañarlo en este sentido, pues consideraron que el órgano a cargo de Lorenzo Córdova no tiene la facultad para ello.

Por lo anterior, el pleno ratificó la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, en la que señaló que sí existió la emisión de propaganda gubernamental durante el proceso de la revocación de mandato, pero optó por no vincular el caso al INE y, en cambio, mejor dirigirlo a los congresos locales para que decidan la sanción correspondiente.

El proyecto del magistrado De la Mata Pizaña dio cuenta de 98 violaciones al proceso electoral, de las cuales 15 son de la jefa de Gobierno, 13 del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; 10 de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas; 10 más del mandatario de Sinaloa, Rubén Rocha; nueve de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora; y nueve también de Marina del Pilar, gobernadora de Baja California.

En la lista también figuran Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; Carlos Manuel Merino, de Tabasco; Miguel Ángel Navarro, de Nayarit; Cuitláhuac García, de Veracruz; Indira Vizcaíno, de Colima; Evelyn Salgado, de Guerrero; Miguel Barbosa, de Puebla; Lorena Cuéllar, de Tlaxcala; y Layda Sansores, de Campeche.

El Sol de México