infoinfusion 17 mayo, 2023 | Hace 3 años
Diversas organizaciones de derechos humanos en México han denunciado la problemática de la tala ilegal en la sierra Tarahumara, ubicada en el estado de Chihuahua, al norte del país.
Este fenómeno está generando graves consecuencias, como el desabastecimiento de agua y el desplazamiento forzado de las comunidades indígenas que habitan en la región.

Ante esta situación, estas organizaciones están llevando a cabo la campaña “Lucha, resistencia y bosque”, con el objetivo de exigir al gobierno mexicano la implementación de un plan integral de acción que detenga la deforestación y la violencia asociada a ella.
Citlalli Hernández, coordinadora nacional en México de Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI), destacó en una conferencia de prensa que la deforestación también está afectando la capacidad de los bosques para mitigar el cambio climático.
En este sentido, mencionó la importancia de aprender de las lecciones de la pandemia, ya que la degradación de los bosques ha sido identificada por las Naciones Unidas como uno de los factores que perturban el equilibrio de la naturaleza y nos exponen a enfermedades como el COVID-19 y otras.
Según las denuncias de las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la región, la cantidad de madera extraída ilegalmente es comparable a la extraída legalmente, alcanzando los 1.65 millones de metros cúbicos.
Hernández denunció que la tala ilegal ha aumentado desde 2015, y esto se debe a que quienes están deforestando forman parte de redes de complicidad con funcionarios gubernamentales a distintos niveles del Estado mexicano.
En gran medida, estas actividades ilícitas son llevadas a cabo por grupos del crimen organizado, aunque no se ha determinado específicamente a qué grupo pertenecen. La violencia derivada de la tala ilegal afecta principalmente a las comunidades indígenas que habitan la sierra del Tarahumara, a los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como a los líderes comunitarios.
México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los activistas que luchan por el clima y el territorio, registrándose en 2022 un preocupante número de 582 agresiones y 24 asesinatos contra ellos.
Además de la violencia, la tala ilegal también tiene un impacto directo en el acceso al agua, un recurso escaso en algunas regiones del norte del país, y en la producción de alimentos.
La sequía y la hambruna que se generan son consecuencias directas de este fenómeno, lo cual pone en evidencia la urgente responsabilidad del gobierno mexicano en abordar esta problemática. Así lo destacó la coordinadora del IPRI, enfatizando la necesidad de señalar la responsabilidad gubernamental en esta situación alarmante.