infoinfusion 7 agosto, 2023 | Hace 2 años
La estrategia legal de Donald Trump se fundamenta en la defensa de su derecho a la libertad de expresión como justificación para su promulgación del extenso bulo sobre las elecciones de 2020.

Su equipo legal argumenta que cuando el exmandatario afirmaba la existencia de un fraude inexistente, lo hacía en sincera creencia y ejercía su derecho a expresar sus opiniones. Sostienen que sus llamados a sus colaboradores y funcionarios electorales para alterar los resultados eran meras “aspiraciones” y no presiones directas.
John Lauro, uno de los principales abogados de Trump en este caso, ha asumido un papel protagónico al exponer la perspectiva de su cliente en diversos programas de televisión. La estrategia legal gira en torno a invocar la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que consagra la libertad de expresión como un principio fundamental e inviolable. Lauro argumenta que cada acción imputada a Trump estaba enmarcada en peticiones aspiracionales y que estas no constituían obstrucción al gobierno federal.
La controversia radica en las acciones de Trump, como su llamado al secretario de Estado de Georgia para “encontrar” votos inexistentes y su intento de persuadir al entonces vicepresidente Mike Pence para que rechazara la certificación electoral. Lauro insiste en que estas acciones reflejaban aspiraciones y no acciones concretas.
Sin embargo, la posición de la defensa choca con los testimonios que señalan que Trump instó a Pence a anular los resultados electorales, lo que hace que la cuestión sobre la interpretación de su libertad de expresión sea el centro del debate.
La defensa de Trump también plantea considerar la posibilidad de cambiar de juez y lugar de juicio, argumentando que el tribunal y la jueza actual no le garantizan un juicio justo. Trump apunta a la magistrada Tanya Chutkan, quien ha emitido sentencias severas en casos relacionados con el asalto al Capitolio y previamente tuvo desacuerdos con el expresidente.
Trump busca evitar el juicio en Washington D.C., alegando que la ciudad es hostil y busca la transferencia a un lugar con una base de votantes más afín a él.
En resumen, la estrategia de defensa de Donald Trump se basa en presentar sus acciones como ejercicios de su derecho a la libertad de expresión, con sus abogados sosteniendo que las afirmaciones sobre fraude eran expresiones de opinión sincera y que sus llamados a alterar los resultados eran aspiraciones.
Además, se argumenta la necesidad de cambiar el tribunal y el lugar del juicio para asegurar condiciones imparciales.