infoinfusion 9 octubre, 2025 | Hace 1 mes
Están acusados de presunto desvío de recursos públicos, uso indebido de atribuciones y facultades por pagos sin comprobar que habrían dañado al erario en administración de Enríquez.
Durango, Dgo.- Cuatro exfuncionarios de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento de Durango fueron vinculados a proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, en agravio del erario municipal. La determinación fue tomada por los jueces de las causas, tras conocer los elementos contenidos en la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED).

Los vinculados son Felipe de Jesús N., exdirector de Administración y Finanzas; Carlos Eduardo N., exsubdirector administrativo y de egresos; María Luisa N., exjefa del Departamento de Ejercicio Presupuestal; y Beatriz N., exauxiliar contable. Como medida cautelar, la autoridad judicial dictó prisión preventiva, otorgando además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
De acuerdo con la indagatoria, durante su gestión —correspondiente a la administración municipal 2016–2019— los exservidores públicos autorizaron y efectuaron pagos a diversas empresas sin contar con la documentación comprobatoria requerida, lo que derivó en un presunto daño al patrimonio del municipio de Durango.
El pasado 4 de octubre, la FECCED informó sobre su detención, luego de que el Juzgado de Control del Poder Judicial del Estado de Durango concediera las órdenes de aprehensión con base en peritajes financieros e informes de inteligencia. Los cuatro exfuncionarios fueron ingresados al Centro de Reinserción Social No. 1 de Durango, donde permanecerán mientras avanza el proceso judicial.
La denuncia que dio origen a la investigación fue presentada por el exalcalde Jorge Salum del Palacio, quien durante su administración interpuso 19 denuncias por presuntas irregularidades detectadas en el trienio anterior. Entre los casos más señalados se encuentra la polémica compra de luminarias LED, en la que el Ayuntamiento firmó un contrato superior a 1,200 millones de pesos para sustituir 35 mil lámparas, con un costo promedio de más de 34 mil pesos por unidad.
Este precio fue muy superior al de otras ciudades como Monterrey, donde se instalaron tres veces más luminarias a un costo de alrededor de 14 mil pesos cada una. De acuerdo con estimaciones, el sobreprecio habría alcanzado hasta los 800 millones de pesos, lo que convirtió esa operación en uno de los episodios más controvertidos de la administración encabezada por José Ramón Enríquez Herrera.
El caso de los exfuncionarios procesados forma parte de una serie de investigaciones por posibles actos de corrupción, que continúan abiertas en las instancias judiciales y que podrían derivar en sanciones penales y administrativas adicionales.