infoinfusion 13 noviembre, 2017 | Hace 7 años
El dinero de más de 583 mil personas de 28 estados del país está en riesgo por tenerlo invertido en algunas de las 97 cajas de ahorro popular a punto de la quiebra, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Se trata de más de seis mil 209 millones de pesos que forman parte de los activos de dichas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), que están clasificadas como impedidas de captar, debido a su situación de insolvencia y que, por recomendación de Condusef, no deben operar más ni recibir depósitos de parte de sus socios, pues de hacerlo incurrirían en una ilegalidad.
De acuerdo con los datos del organismo, 30 de esas cajas en riesgo, es decir, 31%, se ubican en Oaxaca, 14 en Michoacán, 13 en Jalisco, 11 en Veracruz, 10 en Guanajuato y nueve en Puebla, mientras que las restantes se reparten en 22 entidades federativas, excepto Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua.
Mario Di Costanzo, explicó que la clasificación de esas 97 cajas de ahorro significa “que el dinero ahí está en riesgo” porque el mal manejo de sus recursos las orilló a la quiebra.
“No son ilegales. No es que sean ilegales per sé, sino la actividad de captar; quizá lo que hicieron antes de que se emitiera este estatus no fue ilegal, pero si captan más sí es ilegal porque ya no son seguras ni viables”, detalló.
Además, existen otras 135 cajas de ahorro que fueron clasificadas dentro de la categoría D, las cuales ni siquiera están en posibilidades de cumplir con los requisitos mínimos para solicitar la autorización de constituirse y operar.
Las Socaps son entidades financieras que operan en regiones rurales, alejadas de zonas urbanas, en donde los bancos no tienen presencia.
Además, de las 97 cajas consideradas en riesgo de quiebra e impedidas de captar, la Condusef también tiene identificadas al menos 10 en proceso “de consolidación”, con más de 131 mil socios y más de 931 millones de pesos en activos, que al no cumplir con los requisitos legales para operar deberán optar “por una salida ordenada” con el apoyo de los esquemas que ofrecen la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la propia Condusef.
Mientras concluye su proceso de consolidación, estas no pueden abrir nuevas cuentas de ahorro o crédito, pero sí pueden administrar las ya existentes, aunque sus socios no deben realizar depósitos adicionales.
Di Costanzo explicó que una de las principales propuestas para resguardar el dinero de los usuarios de estas cajas en riesgo es la “consolidación” con cajas de ahorro mayores que pudieran darle un respaldo financiero a éstas y a otras que incluso no están registradas ante las plataformas de la Condusef.
Sin embargo, la parálisis en la que se encuentra la llamada ley Ficrea en el Senado ha impedido que se concrete la consolidación de dichas cajas para garantizar la seguridad de los usuarios que han invertido allí su dinero.
Fuente: Milenio