infoinfusion 15 diciembre, 2024 | Hace 2 horas

José Alberto Bustamante es condenado a 7 años de prisión por actos de corrupción

El ex Subsecretario de Egresos desvió recursos públicos destinados a un programa estatal. Deberá pagar además la reparación del daño.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango informó que José Alberto Bustamante Curiel, exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración durante la administración estatal 2016-2022, fue sentenciado a siete años de prisión. Además, deberá pagar una reparación del daño por 992 mil pesos y una multa de 52 mil 284 pesos tras ser hallado culpable del delito de Uso Indebido de Atribuciones y Facultades.

La sentencia fue emitida mediante un juicio oral, donde el Agente del Ministerio Público Especializado presentó pruebas suficientes para que el Juez de Control y Enjuiciamiento declarara culpable al exfuncionario. Este fallo se fundamentó en la investigación realizada y en los análisis periciales correspondientes.

Los hechos

De acuerdo con las investigaciones, Bustamante Curiel, en su calidad de Subsecretario de Egresos y autorizado para manejar las cuentas bancarias de la administración estatal, ordenó de manera indebida una transferencia por 992 mil pesos. Estos recursos públicos provenían del programa federal “Anexo de asignación y transferencia de recursos para el programa de registro e identificación de población, para el ejercicio fiscal 2022”.

El acuerdo entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Durango establecía que esta cantidad estaba destinada a garantizar el derecho a la identidad de comunidades indígenas y a contribuir a la integración del Registro Nacional de Población. Sin embargo, en lugar de transferir estos recursos a la Dirección General del Registro Civil, fueron utilizados para un fin distinto, a pesar de estar etiquetados para un objetivo específico.

Con esta sentencia, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción reafirma su compromiso de combatir el mal uso de los recursos públicos y de garantizar justicia en los casos de corrupción gubernamental.

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